La comunidad de propietarios en España

En el párrafo anterior hemos utilizado los términos «ocupante» y «usuario» del inmueble para describir quién puede recibir válidamente las notificaciones de la comunidad de propietarios de conformidad con el artículo 9.1.h) de la LPH. En aras de la exhaustividad, cabe señalar que hemos utilizado los términos «usuario» y «ocupante» para describir los casos más habituales en la práctica. En el caso de los inmuebles no utilizados por sus propietarios, los residentes suelen ser familiares, amigos o inquilinos. Sin embargo, el texto de la normativa española habla de «ocupante», cuya traducción como «ocupante ilegal» puede suscitar asociaciones erróneas en el lector, por lo que se explicará con más detalle a continuación. Sin embargo, la definición mucho más amplia de «ocupante» ya ha sido objeto de múltiples litigios judiciales. Así, por ejemplo, se consideró válida la entrega de la citación a los obreros que trabajaban en el inmueble y se encargaban de las obras de renovación, ya que, en opinión del tribunal competente, estas personas entraban claramente en la categoría de «ocupantes». Aunque seguramente no sea el caso habitual, queda claro que la ley no establece requisitos especiales para las personas que se encuentran en el inmueble, por lo que la notificación de la citación puede considerarse válida incluso si no se trata de un inmueble alquilado o cedido a conocidos.

Si no es posible realizar la notificación de la forma descrita anteriormente, la última opción es la publicación. La notificación puede publicarse en el tablón de anuncios o en cualquier otro lugar bien visible y habilitado para tal fin en la comunidad. Desde el punto de vista formal, hay que tener en cuenta que el aviso debe estar fechado y deben exponerse los motivos por los que se ha tomado esta medida. El aviso, emitido con el conocimiento y la aprobación del presidente, debe estar firmado por el secretario.

Los tipos de notificación expuestos no son alternativos, sino subsidiarios y, por lo tanto, se encuentran en un orden jerárquico establecido por la ley. Tal y como establece claramente la propia ley en el artículo 9.1.h) de la LPH, el anuncio en el tablón de anuncios solo es admisible cuando los demás intentos de notificación no han dado el resultado deseado.

Sin duda, hay casos en los que, debido a circunstancias especiales, es cuestionable si una convocatoria anunciada directamente en el tablón de anuncios es suficiente. Algunas sentencias judiciales parecen admitir excepciones a la norma general en casos especiales. Si, por ejemplo, un propietario intenta, con su comportamiento, imposibilitar otra forma de notificación, o si el presidente o el administrador se niegan a facilitar las direcciones de los propietarios a aquellos miembros que, por iniciativa propia, desean organizar una junta (como ya hemos visto, un grupo de propietarios que represente al menos el 25 % de las cuotas de participación o al menos el 25 % de los propietarios o votos, puede solicitar la convocatoria de una reunión), la norma prevista por la ley puede dar lugar rápidamente a obstáculos indeseados. Por lo tanto, en los casos mencionados ya se han admitido excepciones a la norma general de convocatoria y se ha considerado admisible la comunicación directa mediante anuncio en el tablón de anuncios como sustitutiva. No obstante, a pesar de las excepciones mencionadas, los casos especiales deben tratarse con la mayor cautela posible. Aunque existen numerosas sentencias judiciales al respecto, no hay que olvidar que las particularidades concretas de cada caso y la valoración personal del juez que se deriva de ellas desempeñan un papel fundamental. Por lo tanto, no se puede deducir de ello una excepción general.

De lo anterior se deriva la siguiente jerarquía en cuanto al lugar en el que deben realizarse las convocatorias a la junta de propietarios:

1. En el lugar comunicado a la comunidad por el propietario (en España).
2. A falta de indicación por parte del propietario, en la dirección del elemento de propiedad especial.
3. En el tablón de anuncios (con fecha y exposición de los motivos que impiden la asistencia).

Plazos de convocatoria de la junta de propietarios

El artículo 16.3 de la LPH establece los plazos mínimos que deben respetarse entre la convocatoria y la celebración de la junta. La ley distingue entre los plazos aplicables en función del tipo de junta.

Plazo de convocatoria de la junta ordinaria

Según la ley, las juntas ordinarias deben anunciarse con al menos seis días de antelación. Cabe señalar que este plazo no comienza a contar a partir del día en que se envía la convocatoria, sino a partir del día de la entrega, es decir, a partir del momento en que es posible tomar conocimiento de ella, sin contar el día de la recepción. Si se ha intentado la entrega mediante carta certificada y esta no se ha podido entregar debido a la ausencia del destinatario, el mero hecho de que exista la posibilidad teórica de que se haya tenido conocimiento de la misma puede dar lugar al inicio del plazo (al día siguiente). En este caso, la comunidad habría cumplido con las obligaciones que le incumben. El hecho de que el propietario no recoja la carta o lo haga mucho más tarde no altera el inicio del plazo. Aunque el cumplimiento del plazo mínimo indicado sea suficiente, parece más que deseable no agotar este plazo. La idea básica de la toma de decisiones democrática solo puede tenerse en cuenta si todos los propietarios disponen de tiempo suficiente para prepararse para la reunión, lo que incluye, en particular, la coordinación de las fechas.

Plazo de convocatoria de la junta extraordinaria

A diferencia de las juntas ordinarias, la ley no establece un plazo de convocatoria concreto en días para las juntas extraordinarias. Más bien se exige de forma descriptiva que la convocatoria se realice con la mayor antelación posible para que todos los destinatarios puedan tener conocimiento de la misma. Se omite deliberadamente establecer un límite máximo o mínimo en días. De este modo, se tiene en cuenta el hecho de que la mayoría de las juntas extraordinarias se caracterizan precisamente por la urgencia de los puntos del orden del día que se debaten en ellas. De lo contrario, las votaciones sobre los puntos tratados en ellas podrían esperar hasta la siguiente junta ordinaria.

El hecho de que también en las juntas extraordinarias se exija la convocatoria de todos los propietarios de la forma general descrita anteriormente tiene por objeto garantizar que, a pesar de las circunstancias especiales que puedan existir, no se cree un instrumento que permita tomar decisiones que, debido a la mayoría real existente en la comunidad, nunca podrían haberse aprobado en una junta ordinaria, pasando por alto los intereses generales de la comunidad y los derechos de los propietarios. Aunque parece deseable que las decisiones de especial importancia se anuncien con suficiente antelación y que, en estos casos, se espere que las convocatorias se realicen con especial puntualidad, circunstancias especiales pueden justificar un plazo de preaviso notablemente breve. Gallego Brizuela considera, por ejemplo, que en la votación sobre la costosa reparación de un sistema de calefacción en invierno, a pesar de la importancia de la medida en dos aspectos (coste y necesidad), se justifica un breve plazo de preaviso. Aunque esta medida puede ser costosa, en este caso debería ser admisible una convocatoria con poca antelación. Sin embargo, la situación podría ser diferente si no hubiera urgencia en la medida sometida a votación o si no existiera una necesidad real. La convocatoria de juntas extraordinarias con fines específicos (por ejemplo, para dificultar la participación de algunos propietarios) podría justificar, en estos últimos casos, la impugnación de las decisiones adoptadas en ellas por todos aquellos propietarios que, debido al breve plazo de convocatoria, no hayan podido asistir a la junta. No obstante, las posibilidades reales de abuso deben considerarse relativamente escasas si los propietarios ignorados son conscientes de sus derechos. En el caso de las decisiones que requieran la unanimidad o una mayoría cualificada de 3/5 del artículo 17 de la LPH, el propietario ausente podrá ejercer su derecho de voto dentro del plazo legal de 30 días (a partir de la transmisión del resultado provisional de la votación por los propietarios presentes), incluso después de la celebración de la reunión. Algunos puntos concretos de la resolución requieren además el consentimiento del propietario especialmente afectado. Además, el propietario puede ejercer su derecho de impugnación derivado del artículo 18 de la LPH.

Particularidades de las notificaciones a través del tablón de anuncios[/h3>

[pullquote]También en el caso de las notificaciones a través del tablón de anuncios deben respetarse los plazos pertinentes[/pullquote]

Dado que en algunos casos puede ser imprescindible notificar a los propietarios individuales a través del tablón de anuncios, hay que tener en cuenta que también se aplican los plazos descritos anteriormente (seis días para las juntas ordinarias y con la antelación suficiente para que todos los propietarios puedan tener conocimiento de la convocatoria en el caso de las juntas extraordinarias).

[pullquote]Es indiferente que se trate de juntas ordinarias o extraordinarias. Si no es posible entregar la convocatoria, en ambos casos se puede realizar una notificación sustitutiva a través del tablón de anuncios.[/pullquote]

Sin embargo, la ley establece, de conformidad con el artículo 9.1.h.) LPH a.E., que la ficción de notificación del tablón de anuncios no comienza hasta tres días después de la publicación. Por lo tanto, deben transcurrir al menos nueve días entre la publicación y la celebración de la junta ordinaria. Tres días para que se pueda dar por conocida la convocatoria y otros seis días para que se considere cumplido el plazo del artículo 16.3 LPH. Por consiguiente, en el caso de las convocatorias de juntas extraordinarias, habría que esperar al menos el plazo de tres días para que la convocatoria se considere formalmente entregada. El tiempo que debe transcurrir después para que la convocatoria pueda considerarse suficientemente oportuna se rige por los criterios ya expuestos anteriormente. Independientemente del tipo de reunión que se convoque, hay que tener en cuenta que la convocatoria en el tablón de anuncios solo puede ser subsidiaria si los demás medios de notificación previstos por la ley no han dado el resultado deseado.

Contenido de la convocatoria

Aunque a primera vista requisitos generales como la indicación del lugar, la fecha y la hora pueden parecer sencillos, en aras de la exhaustividad, cabe señalar los problemas más frecuentes que se plantean en este contexto. De conformidad con el art. 16.2 LPH, en la convocatoria deben figurar los puntos del orden del día que se van a tratar, el lugar de la reunión, el día de la reunión y la hora exacta de la reunión. En la convocatoria también debe indicarse si se trata de la primera o segunda convocatoria o, en caso de que la misma convocatoria ya tenga en cuenta ambas convocatorias, también debe indicarse una hora concreta para ambas. Solo así se puede determinar con claridad el carácter de la convocatoria y los requisitos que se derivan de ella en cuanto al quórum.

El contenido de la convocatoria debe incluir, entre otras cosas, el orden del día, el lugar, la fecha y la hora en que se celebrará la reunión en primera y, en su caso, en segunda convocatoria.

En función de las circunstancias individuales del lugar, puede ocurrir que una comunidad de propietarios no disponga de una sala de reuniones adecuada. Incluso si existen jardines o zonas verdes comunes, estos a veces no reúnen las condiciones necesarias para celebrar una reunión debido a su tamaño o estructura. Además, los problemas de espacio en comunidades numerosas hacen que no sea adecuado utilizar la vivienda de un solo miembro para celebrar la reunión, incluso si algunos voluntarios se prestan a ello. A menudo hay que buscar un lugar de reunión adecuado. Independientemente del lugar, tan pronto como las reuniones salen del recinto de la comunidad, se plantea la cuestión de los posibles gastos y las distancias que hay que recorrer. Algunos propietarios pueden molestarse por los gastos que esto pueda suponer, mientras que otros pueden considerar que el lugar elegido para la reunión está demasiado lejos de la comunidad. Aunque la cuestión de los costes puede resolverse utilizando instalaciones municipales o eligiendo hábilmente proveedores privados —en la práctica, a menudo se elige un restaurante adecuado para el propósito, que permite el uso de salas individuales a cambio de los gastos de catering—, la distancia que hay que recorrer puede plantear problemas.

Tiene sentido celebrar la reunión en la propia comunidad de propietarios o alquilar un local adecuado en las inmediaciones, si el administrador de la finca no dispone de un local adecuado.

Sin duda, no debería haber ningún inconveniente en celebrar la reunión en las inmediaciones del inmueble, ya que la ley no establece en ningún momento que la reunión deba celebrarse en el propio inmueble. Además, como se ha explicado, la falta de espacio descrita anteriormente puede hacer que resulte más que conveniente recurrir a locales adecuados situados fuera de la propiedad. Sin embargo, mientras que algunas voces se pronuncian incluso a favor de la posibilidad de permitir las juntas de propietarios en municipios vecinos, otras son tan restrictivas que exigen que, incluso en el caso de juntas celebradas dentro de la misma ciudad, estas no se celebren demasiado lejos de la propiedad. Aunque estas posiciones puedan parecer incompatibles a primera vista, se basan en una consideración común: la celebración de la reunión fuera de la comunidad debe satisfacer a los propietarios y proporcionar el marco necesario. Sin embargo, no debe crear nuevos obstáculos. Por lo tanto, la elección de un lugar alternativo para la reunión debe estar orientada precisamente a superar los obstáculos existentes y no a crear otros nuevos. Por consiguiente, para evaluar la idoneidad de un lugar de reunión determinado, debe comprobarse si no dificulta innecesariamente la participación. Por lo tanto, debe evaluarse cada caso concreto, sin que sea admisible establecer generalidades. Así, en el caso de una comunidad situada en las afueras de una ciudad, la sala de reuniones cercana del municipio vecino puede ser preferible a un local más alejado, pero situado en el mismo municipio. Por lo tanto, sería inaceptable, por ejemplo, celebrar la reunión de una comunidad situada en la costa en Madrid o incluso en el extranjero, solo porque la mayoría de los propietarios viven en ese lugar concreto. Salvo, por supuesto, que todos los propietarios estén de acuerdo. La misma consideración se aplica a la fecha de la reunión. El día y la hora en que se celebra la reunión tampoco deben suponer un obstáculo adicional. En función del caso concreto, puede ser conveniente, por ejemplo en el caso de las viviendas vacacionales, conviene celebrar la reunión en los meses típicos de vacaciones, para que puedan asistir el mayor número posible de propietarios, mientras que las comunidades de propietarios cuyos elementos de propiedad exclusiva se utilizan principalmente como residencia habitual harían mejor en celebrar sus reuniones fuera de la temporada de vacaciones, cuando la mayoría de los propietarios no podrían asistir por este motivo. En cuanto a la hora elegida, también debe tenerse en cuenta que no obstaculice una participación amplia y un desarrollo ordenado. En este punto, se podría intentar elaborar una lista exhaustiva de las irregularidades más frecuentes en este ámbito. Sin embargo, en última instancia, como ya se ha expuesto, cada caso concreto es determinante, por lo que esta sección debe entenderse más bien como una indicación de la oportunidad de aprovechar de manera constructiva el margen de maniobra que existe en este contexto para planificar las juntas de propietarios. Aparte de la clasificación puramente jurídica de los parámetros descritos, nunca debe olvidarse que los intereses contrapuestos que se enfrentan habitualmente en las juntas de propietarios ya en sí mismos encierran un potencial de conflicto suficiente. La elección del lugar y la fecha de la reunión no debe suponer un elemento adicional de tensión y dificultar la convivencia, sino contribuir al buen desarrollo de la reunión. En este sentido, celebrar la reunión en un lugar público y durante el fin de semana suele ser beneficioso.

Primera y segunda convocatoria

Para que la junta convocada pueda celebrarse, de conformidad con el artículo 16.2 de la LPH, en la primera convocatoria deberá asistir la mayoría de los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación, en cuyo defecto no habrá quórum para la validez de la junta. Dado que este requisito necesario para la constitución de la junta se convierte rápidamente en un obstáculo real e insuperable para la dirección y organización de la comunidad si la mayoría de los propietarios o los propietarios que representan la mayoría de las cuotas de participación se ausentan habitualmente de la junta, la ley ofrece la posibilidad de celebrar la junta en una segunda convocatoria, en la que ya no se requieren tales mayorías para celebrar la junta.

En la segunda convocatoria, la junta de propietarios puede celebrarse independientemente del número de propietarios o cuotas que estén presentes o representados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta flexibilización solo afecta inicialmente a la participación necesaria para celebrar la junta. En cuanto a las mayorías o el número de votos y cuotas necesarios para la adopción de acuerdos, en la segunda convocatoria solo se aplica una flexibilización a aquellos acuerdos que requieren la mayoría simple del artículo 17.7 LPH. En lugar de exigir la mayoría de los votos y cuotas de todos los propietarios, los acuerdos que solo se refieran a asuntos administrativos generales y no estén sujetos a ninguna otra mayoría del artículo 17 LPH podrán adoptarse en una reunión celebrada en segunda convocatoria, de conformidad con el artículo 17.7 LPH, por la doble mayoría de los votos y cuotas de los propietarios presentes o representados.

[pullquote]En casos concretos, puede ocurrir que solo se presente un propietario a la junta. En ese caso, habría que plantearse si, en esas circunstancias, se puede celebrar una junta de propietarios. Como suele ocurrir, cualquiera de estas posiciones podría justificarse.[/pullquote]

En el caso particular de que solo un único propietario acuda a la reunión, sería conveniente renunciar a celebrarla. No solo porque la comparecencia de un único propietario no constituye una reunión en sentido estricto, sino porque las mayorías previstas por la ley para la adopción de acuerdos implican que el legislador partía de la base de que se emitirían varios votos. Por lo tanto, con un solo voto no puede haber mayorías, por lo que en tales casos debería denegarse el quórum. El caso se evaluaría de otra manera si el único propietario que asistiera a la reunión ejerciera al mismo tiempo el derecho de voto de uno o varios propietarios ausentes. En ese caso, aunque solo asistiera un propietario a la reunión, se emitirían los votos de varios propietarios.

[pullquote]Si en la convocatoria de la primera reunión ya se hace referencia a la segunda convocatoria, se puede prescindir de una segunda convocatoria completamente independiente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que debe transcurrir un mínimo de 30 minutos entre ambas convocatorias.[/pullquote]

En relación con la segunda convocatoria, hay que tener en cuenta que también en este caso debe realizarse una convocatoria formal adecuada. Para ello hay dos posibilidades. Si en la convocatoria de la junta de propietarios, además de la fecha de la primera convocatoria, se ha indicado también la fecha de la segunda convocatoria en caso de que en la primera convocatoria no se alcance el número suficiente de propietarios y cuotas, no es necesaria una convocatoria adicional para la segunda convocatoria. Ambas convocatorias pueden figurar en una sola convocatoria. La ley solo exige que entre la segunda convocatoria y la primera haya un intervalo de al menos 30 minutos, lo que debe tenerse en cuenta al redactar y formular la convocatoria. Por supuesto, ambas convocatorias pueden estar separadas por más de media hora, pero en ningún caso puede ser inferior a 30 minutos.

En caso de que en la convocatoria solo se haya previsto una convocatoria y no se hayan alcanzado las mayorías necesarias para la celebración de la junta en la primera convocatoria, la ley establece que la segunda convocatoria de la junta de propietarios (es decir, la celebración de la misma) debe tener lugar en los ocho días siguientes a la junta no celebrada.

Entre el envío de la convocatoria para la segunda convocatoria y la celebración de la junta deben transcurrir al menos tres días, de conformidad con el artículo 16.2.4 LPH, independientemente de que se trate de una junta ordinaria o extraordinaria y a pesar de que, en la primera convocatoria de juntas extraordinarias, no se aplica un plazo mínimo concreto, sino que se basa en la posibilidad de conocerla a tiempo.

En caso de que sea necesario notificar la convocatoria para la segunda convocatoria mediante el tablón de anuncios (es decir, el tablón negro ), se añadirá al plazo mínimo de preaviso de tres días exigido en el artículo 16.2.4 LPH el plazo de tres días del artículo 9.1.h.) 2. párrafo LPH, a fin de que pueda entrar en vigor la ficción de notificación del anuncio en el tablón de anuncios. Por lo tanto, no es posible modificar los puntos del orden del día.

Si la segunda convocatoria de la junta de propietarios no se realiza dentro del plazo de ocho días descrito en el artículo 16.2.4 LPH, ya no se trataría de la segunda convocatoria de la misma junta de propietarios. En todo caso, podría interpretarse que una nueva convocatoria es una nueva convocatoria, por así decirlo, de otra junta de propietarios. En este caso, sin embargo, para determinar si se cumplen los requisitos mínimos de la convocatoria (en cuanto a propietarios presentes o representados y cuotas), se debería proceder como se prevé para una primera convocatoria. En este contexto, no se aplicarían las flexibilizaciones vigentes para una segunda convocatoria.

Dado que el incumplimiento de la obligación de celebrar la segunda convocatoria en el plazo de ocho días no está sancionado, es decir, que la ley no prevé ninguna sanción directa en caso de incumplimiento de esta disposición, algunos autores expresan su descontento al respecto. Así, Loscertales afirma que no hay nada peor que unas normas que parecen imperativas, pero cuyo incumplimiento no conlleva sanciones. justify;»>Aunque este punto de vista es comprensible, ya que en la mayoría de los casos no debería haber consecuencias si no se cumplen las disposiciones descritas en el artículo 16.2.4 LPH, no hay que olvidar que los responsables pueden ser considerados responsables si el incumplimiento de estas normas legales da lugar a perjuicios demostrables para la comunidad o para un miembro de la misma.

Puntos del orden del día de la junta de propietarios

Además de indicar el lugar y la hora de la reunión, que son más bien de carácter organizativo, la lista de los puntos del orden del día es un elemento esencial de la convocatoria. Esto permite a los propietarios saber de antemano qué temas se tratarán en la próxima reunión. Solo conociendo estos temas pueden decidir si les interesa participar en la reunión o no. Aunque la LPH ha creado, con la figura de la junta de propietarios, un órgano colectivo democrático que, en última instancia, requiere la participación de los propietarios y en el que solo la participación plena de todos los votantes permite alcanzar el resultado deseado, es decir, las decisiones realmente respaldadas por los miembros, la realidad suele ser muy diferente. En particular, en las comunidades grandes y relativamente anónimas situadas en zonas turísticas, solo participa en las juntas un grupo reducido y, en la mayoría de los casos, siempre el mismo, de propietarios. Solo cuando se debaten temas especiales aumenta significativamente la participación. Por este motivo, la comunicación de los puntos del orden del día mediante la convocatoria reviste una importancia fundamental.

Además del hecho de que los puntos del orden del día anunciados pueden influir en la disposición de los propietarios a participar, también sirven para preparar a los votantes. En función de los temas que se vayan a debatir, algunos propietarios mantendrán conversaciones previas con sus vecinos y, en caso necesario, recabarán más información o incluso solicitarán asesoramiento. En particular, el anuncio de los puntos del orden del día que se van a tratar garantiza que no se sometan a votación de forma repentina asuntos sorprendentes y ocultos con mala intención.

No siempre es importante el resultado de la votación en la junta de propietarios. En determinados puntos del orden del día, también debe tenerse en cuenta el comportamiento de los propietarios ausentes con derecho a voto. Por ello, a menudo transcurren más de cuatro semanas hasta que se determina el resultado definitivo de la votación. Al fin y al cabo, los ausentes tienen 30 días para emitir su voto en numerosos asuntos sometidos a votación. El plazo comienza normalmente con la notificación del resultado provisional de los presentes.

Si se tiene en cuenta que, en función del objeto de la votación, se requieren diferentes mayorías y que, en determinados casos, los ausentes quedan obligados por el comportamiento de voto de los presentes o, por ejemplo, en los casos del artículo 17.8 LPH, deben ejercer su derecho de voto en un plazo de 30 días para que su voto no se considere como una aprobación de la resolución provisional adoptada por los presentes, queda claro que la correcta notificación de los puntos del orden del día puede tener una influencia significativa en el comportamiento de voto y, por lo tanto, en el resultado de la votación. Sin una designación correcta de los puntos del orden del día, se crearían obstáculos para el ejercicio adecuado de los derechos de los propietarios. Por lo tanto, si se votaran puntos que no se hubieran anunciado debidamente, las decisiones adoptadas al respecto en la junta podrían ser impugnadas. Los puntos anunciados en el orden del día constituyen el marco insuperable de los temas y objetos de las decisiones que se van a tratar. En este contexto, también hay que tener en cuenta que los puntos del orden del día no solo deben anunciarse de forma general, sino que su descripción también debe indicar con suficiente claridad cuál es exactamente el objeto de la votación. La obligación de anunciar los puntos del orden del día y la limitación a los mismos solo puede tener una función útil si, al mismo tiempo, queda suficientemente claro de qué cuestiones se trata exactamente. La descripción no puede, por supuesto, prever el curso del debate, ni debe caer en un detalle innecesario. Sin embargo, la obligación de anunciar los objetos de la resolución no se cumplió con la mera descripción en el punto del orden del día «Votación sobre modificaciones de la propiedad comunitaria» de la intención de instalar un sistema de ascensores. Por la misma razón, no basta con que un punto del orden del día se tilde simplemente con el término «obras de construcción» y no se pueda deducir con suficiente claridad para todos, a partir de las explicaciones adicionales o de las circunstancias generales, a qué se refieren exactamente estas obras.